NIGRAN (MORRAZO-tribuna).- Unión Centrista de Nigrán, por medio de su concejal portavoz, Antonio Fernández Comesaña, solicitó mediante escrito a la Consellería de Presidencia e Xustiza de la Xunta y a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, que requieran al Ayuntamiento de Nigrán la anulación de los acuerdos adoptados, "sin amparo legal alguno y que vulneran gravemente el ordenamiento jurídico, sobre los cuales se ha basado el alcalde para contratar el inicio de las obras de ampliación del edificio del consistorio".
Los independientes señalan que el regidor "dictó la resolución de la aprobación del gasto y encargo de la obra de “ampliación de la casa consistorial, fase previa, construcción de muros de pantalla” a la empresa pública Tragsa, por importe de 98.263 euros, en contra de los informes técnicos y de los reparos formulados por la Intervención Municipal, como órgano interno de control y de fiscalización de la Corporación, en su informe emitido el 16 de octubre pasado".
Eludiendo la concurrencia y pagando por adelantado
Según UCN, ese mismo día el Interventor emitió informe en el que se formulaban una serie de reparos al proyecto, así como a la adjudicación para ejecutar las obras a la empresa pública Tragsa, al amparo de un convenio marco ilegal por carecer el mismo de informes económicos y jurídicos, con el único fin de eludir la libre concurrencia y vulnerar la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de contratos del sector público. "A mayor gravedad, el alcalde firmo el convenio con Tragsa en condiciones perjudiciales para los intereses municipales, por cuanto deberá efectuar el pago por adelantado a la empresa pública, lo que a parte de ser ilegal, supone un trato de favor, un agravio comparativo y discriminación en relación con la práctica habitual respecto de los proveedores tanto del municipio como de fuera, a los que se les retrasa el pago meses e incluso más de un año, desde la finalización de los trabajos o la prestación de los servicios contratados", afirma Antonio Fernandez.
Más ilegalidades y contradicciones
UCN añade que "Por si esto no fuera suficiente, en la retahíla de improperios e ilegalidades llevada a cabo por el alcalde Efrén Juanes, este ha ignorado el informe del arquitecto municipal sobre las obras citadas, cuando advertía de la necesidad de incorporar al expediente informes sectoriales y autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio, de la Xunta de Galicia, al tratarse el edifico del consistorio de un bien catalogado e incluido en el Inventario Xeral do Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural de Galicia, lo que resulta más curioso: que es considerado como tal desde marzo de 2002 a instancia del propio ayuntamiento de Nigrán, cuando entonces gobernaba el PSOE".
Por todo "este cúmulo de ilegalidades y despropósitos", UCN pidió la intervención de la Xunta y de la Administración del Estado, al amparo de lo dispuesto en el art. 63.1 de la Ley 7/85, del 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, para que requieran al Ayuntamiento de Nigrán, la anulación de los acuerdos adoptados para la ampliación del consistorio, así como el convenio marco con Tragsa, por vulnerar gravemente el ordenamiento jurídico.
Igualmente solicitan como medida cautelar, ante la Dirección Xeral de Patrimonio, la paralización inmediata de las obras iniciadas sin la preceptiva autorización, por los posibles daños que se puedan causar al patrimonio histórico-cultural, de muy difícil o imposible reparación.
Los independientes señalan que el regidor "dictó la resolución de la aprobación del gasto y encargo de la obra de “ampliación de la casa consistorial, fase previa, construcción de muros de pantalla” a la empresa pública Tragsa, por importe de 98.263 euros, en contra de los informes técnicos y de los reparos formulados por la Intervención Municipal, como órgano interno de control y de fiscalización de la Corporación, en su informe emitido el 16 de octubre pasado".
Eludiendo la concurrencia y pagando por adelantado
Según UCN, ese mismo día el Interventor emitió informe en el que se formulaban una serie de reparos al proyecto, así como a la adjudicación para ejecutar las obras a la empresa pública Tragsa, al amparo de un convenio marco ilegal por carecer el mismo de informes económicos y jurídicos, con el único fin de eludir la libre concurrencia y vulnerar la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de contratos del sector público. "A mayor gravedad, el alcalde firmo el convenio con Tragsa en condiciones perjudiciales para los intereses municipales, por cuanto deberá efectuar el pago por adelantado a la empresa pública, lo que a parte de ser ilegal, supone un trato de favor, un agravio comparativo y discriminación en relación con la práctica habitual respecto de los proveedores tanto del municipio como de fuera, a los que se les retrasa el pago meses e incluso más de un año, desde la finalización de los trabajos o la prestación de los servicios contratados", afirma Antonio Fernandez.
Más ilegalidades y contradicciones
UCN añade que "Por si esto no fuera suficiente, en la retahíla de improperios e ilegalidades llevada a cabo por el alcalde Efrén Juanes, este ha ignorado el informe del arquitecto municipal sobre las obras citadas, cuando advertía de la necesidad de incorporar al expediente informes sectoriales y autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio, de la Xunta de Galicia, al tratarse el edifico del consistorio de un bien catalogado e incluido en el Inventario Xeral do Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural de Galicia, lo que resulta más curioso: que es considerado como tal desde marzo de 2002 a instancia del propio ayuntamiento de Nigrán, cuando entonces gobernaba el PSOE".
Por todo "este cúmulo de ilegalidades y despropósitos", UCN pidió la intervención de la Xunta y de la Administración del Estado, al amparo de lo dispuesto en el art. 63.1 de la Ley 7/85, del 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, para que requieran al Ayuntamiento de Nigrán, la anulación de los acuerdos adoptados para la ampliación del consistorio, así como el convenio marco con Tragsa, por vulnerar gravemente el ordenamiento jurídico.
Igualmente solicitan como medida cautelar, ante la Dirección Xeral de Patrimonio, la paralización inmediata de las obras iniciadas sin la preceptiva autorización, por los posibles daños que se puedan causar al patrimonio histórico-cultural, de muy difícil o imposible reparación.
